El Gobierno de Honduras ratificó que sigue adelante con el proceso de desvinculación del Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (Ciadi), instancia del Banco Mundial (BM) encargada de dirimir controversias entre Estados e inversionistas extranjeros (sector privado).

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La Procuradoría General de la República informó este miércoles que el 24 de febrero pasado el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro notificó al BM la denuncia y su intención de retirarse de dicha instancia, acto que se hará efectivo en agosto próximo.

En opinión del Gobierno hondureño, el Ciadi se ha convertido «en un sistema que socava la soberanía de las naciones, desplaza la función de los tribunales de la República y limita el cumplimiento de las decisiones del Gobierno democrático».

A través de una declaración, la Procuradoría sostuvo que dicho convenio impide que el ordenamiento jurídico nacional «combata la corrupción público-privada y sus consecuencias devastadoras». Entre estas últimas menciona las que generan aquellos proyectos «que ponen en venta el territorio ‘ZEDE’, el modelo extractivista y el colonialismo económico».

De acuerdo con la Procuradoría, la decisión del Estado hondureño de retirarse del Ciadi procura «salvaguardar las finanzas públicas, corregir el desequilibrio que favorece a inversionistas extranjeros y perjudica a los inversionistas nacionales; y terminar con el llamado ‘terrorismo de litigación'».

La oficina aseguró que se trata de una decisión soberana y responsable del Estado de Honduras, la cual «está apegada al derecho internacional, conforme al artículo 54 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados y el artículo 71 del Convenio Ciadi.

Además, denunció el sesgo mediático corporativo que se ha generado en torno a la decisión, con presiones para que se ceda la soberanía a trasnacionales «que sin derecho alguno están demandando al Estado para que les pague sumas multimillonarias de dinero».

Al respecto, la Procuradoría informó que este viernes 8 de marzo se ofrecerá, en cadena nacional, «un informe exhaustivo a la Nación y especialmente al Pueblo hondureño». Hasta el momento no se conocen detalles de la hora.

En mayo de 2023, el Gobierno hondureño se pronunció en contra del arbitraje del Ciadi en el caso presentado por la compañía estadounidense Honduras Próspera. Esta reclamó al Estado hondureño un pago de 10.700 millones de dólares tras la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (o territorios ZEDE).

En ese entonces, el Estado hondureño denunció como ilegal, lesiva a la legislación nacional y un acto de saqueo esa demanda de Honduras Próspera.

De acuerdo con medios locales, las Zonas de Empleo y Desarrollo (o territorios ZEDE) fueron concebidas durante el mandato de Juan Orlando Hernández (2014–2022), hoy juzgado por narcotráfico en EE.UU.

Se trata de áreas del territorio hondureño que estarían sujetas a un régimen especial supuestamente para atraer a inversionistas privados y hacer frente a la pobreza, y en las que aquellos quedarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos.

En su momento la sociedad civil hondureña denunció que se trata de la venta del territorio nacional, además de un cese de soberanía y la posible transgresión de derechos laborales y protección medioambiental en esas zonas.

Medios hondureños precisan que el país tiene nueve demandas pendientes ante el Ciadi, presentadas en 2023, todas por un monto superior a los 12.000 millones de dólares.

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